El Gobierno quiere que la reforma educativa se ponga en marcha cuanto antes, en septiembre del año que viene, y que esté desarrollada completamente en solo dos años. Para ello, ha cambiado uno de los puntos del proyecto de ley (LOMCE) que acaba de remitir al Congreso para su tramitación y que, en la práctica, acorta de 14 a nueve meses la entrada en vigor tras su aprobación. Un calendario que obliga al propio Ministerio de Educación, a las comunidades y a las editoriales a desarrollar el nuevo modelo con unos tiempos que algunas autonomías consideran imposible, no solo por las prisas que pueden acabar afectando a la calidad del resultado, sino por los propios tiempos legales que exigen periodos de consultas y trámites. [Sigue leyendo en elpais.com
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