El Gobierno aprueba un Proyecto de Ley en contra de la comunidad educativa

NO A LA LOMCEJusto una semana después de que toda la comunidad educativa gritásemos “NO a la LOMCE” en la exitosa movilización del 9M, el Consejo de Ministros, a petición del ministro de Educación, ha aprobado finalmente la Ley.

La LOMCE ha llegado a este Consejo con pequeños cambios introducidos por parte del Ministerio que no cambian en lo sustancial, generando incertidumbre en varios aspectos esenciales. Entre ellos la educación en valores, la segregación por sexos, las lenguas cooficiales o la memoria económica.

Con respecto a la educación en valores, la modificación introducida en la Ley por la que se permite al alumnado elegir simultáneamente la clase de religión y su alternativa, sigue siendo una opción contraria a las indicaciones de los órganos internacionales que recomiendan una educación en valores obligatoria para todo el alumnado.

La exigencia de una mayor clarificación y fundamentación del proyecto educativo de los centros que segregan por sexo no va a suponer un impedimento a la hora de continuar con la segregación de su alumnado. Aspecto que este sindicato rechaza ya que contraviene la coeducación y la educación inclusiva.

En lo que se refiere al tratamiento de las lenguas cooficiales y el conflicto innecesario generado entre las comunidades autónomas el Gobierno, con la aprobación de hoy, pretende resolverlo unicamente desde un punto de vista económico.

En cuanto a la memoria económica y, por tanto, al coste de implantación de la nueva Ley, consideramos una falta de responsabilidad gubernamental, nunca vista, el que se pretenda solicitar a la Unión Europea la financiación del 50% de la implantación de la LOMCE. El Gobierno debe responsabilizarse de cuantas decisiones políticas adopte, sean del tipo que sean, aportando los costes de su propia acción de gobierno. Un proyecto de Ley que no venga acompañado de la suficiente dotación económica para su desarrollo, no puede tener ninguna viabilidad.

Por todo ello, FETE-UGT, siguiendo las recomendaciones del Informe del Consejo de Estado, exige al Ministerio de Educación la retirada de la Ley y el inicio de un proceso de negociación, buscando un mínimo de consenso que permita modificar aquellos aspectos que sean considerados mejorables de la ley educativa en vigor.